Fueron 40 días de debates y finalmente arribaron a un acuerdo para redactar una normativa que garantice el recurso ictícola de la laguna La Picasa.
Luego de 40 días de negociaciones los jefes comunales de las localidades de San Gregorio, Diego de Alvear y Aarón Castellanos arribaron a un acuerdo en el conflicto que desató las diferencias de criterios en torno a la explotación del recurso ictícola de la laguna La Picasa. Esta “guerra del pejerrey” -como se llamó con picardía a este entredicho- tuvo momentos de tensión entre los jefes comunales y entre los protagonistas que fundamentalmente pugnaban por pescar pejerreyes bajo modalidades diferentes, según el desarrollo que adoptó cada población.
En el caso de San Gregorio, los lugareños se organizaron para disparar una verdadera industria turística de la mano de los entusiastas de la pesca deportiva (utilizando cebos, carnada y cañas) que llegan de gran parte del país atraídos por “el buen pique” y los grandes portes de pejerreyes que ofrece el espejo de agua. Para ello, construyeron dos muelles de arribo y embarque, servicios para los visitantes y una auténtica revolución comercial e inmobiliaria con la construcción de cabañas, departamentos y hasta la adecuación de casas familiares para recibir a la cantidad de pescadores que llegan a la pequeña población del departamento General López.
A solo ocho kilómetros de allí, en Diego de Alvear, el recurso se desarrolló en un sector que se dedica a la pesca comercial con redes para la obtención y venta de carne de pejerrey y, además, hay pescadores de subsistencia que en conjunto están impulsando la creación de una cooperativa. En esta localidad, aunque en contados casos, también hay quienes ofrecen albergue y servicios para pescadores deportivos. En Aarón Castellanos en cambio, la actividad se divide entre la pesca comercial y, en similar cantidad, hay pescadores de subsistencia.
El conflicto se generó cuando el presidente de Diego de Alvear instrumentó una ordenanza que fundamentalmente limitaba la pesca deportiva que estaba permitida todos los días, únicamente a los fines de semana y feriados. Una medida que, si bien se funda en la defensa del recurso ictícola y la fuente de trabajo de unos 300 pescadores dieguenses, provocó malestar y alarma en la vecina San Gregorio.
Luego de numerosos intercambios a través de distintos canales y de la difusión de la problemática que se generó tomó intervención la provincia a través de autoridades y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.
Recurso compartido
«Fundamentalmente el conflicto que se planteó es propio de un recurso compartido y con distintos tipos de usos. Había una cuestión jurisdiccional de la cuenca La Picasa y el uso deportivo o comercial del recurso. Todas estas cuestiones con sus implicancias biológicas o de conservación con lo económico y social se pusieron sobre la mesa y en este mes en que llevamos adelante reuniones, conversaciones y negociaciones intentamos armonizar los legítimos intereses que se pusieron en juego», dijo a La Capital, el subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, Gaspar Borra.
El funcionario evaluó como muy exitosa la gestión realizada y contó que «se partió de la necesidad de la utilización y un manejo sustentable y racional del pejerrey en La Picasa. Para eso aplicamos un enfoque sistémico para el manejo de la cuenca porque las decisiones que toma una jurisdicción en forma aislada necesariamente repercuten porque el recurso es común».
«En ese marco de situación -prosiguió- todas las partes y desde el Ministerio como autoridad de aplicación de la ley de pesca en la provincia fuimos conductores del proceso de trabajo participativo con las comunas para que la decisión que tome la ministra (Erika Gonnet) a través de una resolución tenga los grados de consenso necesarios para permitir un control mucho más efectivo en el territorio».
«Trabajamos para modificar la resolución 089/2010 que rige la cuestión de la pesca del pejerrey en La Picasa ya que todas las partes coincidieron en que había que mejorarla, actualizarla y, sobre esa base, establecer nuevos parámetros. Como Ministerio de Ambiente y Cambio Climático nuestro eje principal es la protección del recurso, pero sin descuidar el tema social y económico y sus vastas implicancias”, enfatizó.
Su cartera hizo un relevamiento de los pescadores artesanales (comerciales y de subsistencia) de Diego de Alvear y Aarón Castellanos. En la primera hay 37 pescadores comerciales y 14 de subsistencia, en tanto que en la segunda población hay 19 comerciales y 18 de subsistencia. En el caso de San Gregorio, si bien hay algunas personas que se dedican a la pesca, por no ser una comuna con jurisdicción sobre la laguna, no tiene pescadores comerciales habilitados, aunque tiene un gran desarrollo de infraestructura turística asociada a la pesca del pejerrey.
«Por esa razón la integramos a esta mesa de propuestas y debates para buscar soluciones”, añadió Borra y abundó: «Con ese contexto general y ante el acuerdo sobre la necesidad de actualizar el marco normativo vigente terminamos un nuevo proyecto de resolución con la conformidad de todos los presidentes comunales y los equipos técnicos del Ministerio que en breve se elevará a la ministra para que dicte el acto administrativo correspondiente que derivará en una nueva resolución».
Pesca deportiva
Entre los puntos más importantes se acordó que cuando se realice pesca comercial no haya pesca deportiva para evitar que confluyan las dos modalidades en un mismo momento. «Limitamos la pesca deportiva solamente a viernes (a partir de las 11), sábados, domingos y feriados. Bajamos la cantidad de días y también el cupo de capturas que antes estaba previsto en 40 unidades y ahora solo se permitirán 30. Tratamos de buscar un equilibrio para que la pesca sea deportiva y se mantenga pero que sea sostenible dentro del punto de vista ambiental», dijo el funcionario.
«A la par de los días de pesca deportiva establecimos una serie de restricciones y prohibiciones para que esta modalidad sea realmente deportiva. De ese modo, prohibimos expresamente el uso de luces artificiales y cebos de todo tipo para conservar la calidad del agua porque es muy importante para la biología del pejerrey», sostuvo y añadió que «también se prohibirá terminantemente que los pescadores deportivos utilicen redes».
Atendiendo a los criterios técnicos de los biólogos la cartera provincial realizará dos estudios anuales de la población de pejerreyes. «Por razones metodológicas es aconsejable realizar una durante el período reproductivo que coincide con la veda (desde el 1º de septiembre hasta el 30 de noviembre de cada año) y otro entre mayo y junio.
Otro punto destacable es que ahora se exigirá que el pescador deportivo tenga la respectiva licencia provincial para ejercer la actividad que desde marzo de este año se puede gestionar a través de internet bajando el Formulario de Caza y Pesca.
Pesca comercial
Para la pesca comercial se estipuló la prohibición de que el pejerrey sea transportado o comercializado entero fuera de la jurisdicción y de ese modo se obliga al procesado o como mínimo fileteado en el lugar en el que fue pescado para preservar la incidencia económica que tiene el valor agregado de la actividad en la población. La pesca comercial quedará entonces habilitada de lunes a viernes (este día hasta las 11) y se mantendrá la veda de tres meses durante el período estival.
Otro aspecto importante a destacar es que tanto las comunas de Diego de Alvear como de Aarón Castellanos solicitaron que se instalen puertos de fiscalización de la pesca comercial en sus respectivas jurisdicciones, pedidos que ya están en trámite en el Ministerio de Ambiente.
Conformidad
«Desde la provincia nos interesa destacar el trabajo conjunto que hicimos con los tres presidentes comunales que mostraron la mejor predisposición para debatir, aportar ideas y llegar a puntos de acuerdo que se plasmaron en este proyecto de resolución que en un par de semanas estará listo para la firma de la ministra», expresó Borra y agregó que «se trabajó con responsabilidad, madurez y, principalmente, con la intención de regular de forma razonable y sostenible un recurso compartido».
Otro aspecto importante a destacar es que tanto las comunas de Diego de Alvear como de Aarón Castellanos solicitaron que se instalen puertos de fiscalización de la pesca comercial en sus respectivas jurisdicciones, pedidos que ya están en trámite en el Ministerio de Ambiente.
Conformidad
«Desde la provincia nos interesa destacar el trabajo conjunto que hicimos con los tres presidentes comunales que mostraron la mejor predisposición para debatir, aportar ideas y llegar a puntos de acuerdo que se plasmaron en este proyecto de resolución que en un par de semanas estará listo para la firma de la ministra», expresó Borra y agregó que «se trabajó con responsabilidad, madurez y, principalmente, con la intención de regular de forma razonable y sostenible un recurso compartido».
Fuente: www.lacapital.com.ar
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